Manifiesto de las cámaras de empresarios del comercio y de
la industria contra la gestión de Juan Domingo Perón como Secretario de Trabajo
y Previsión.
En Diario La Nación. 12 de Junio de 1945

Los delegados de estas asociaciones fueron recibidos en dos
ocasiones por el Excmo. señor Presidente de la Nación y, respondiendo a su
requerimiento, le entregaron un memorándum que contenía, en síntesis, las
manifestaciones que verbalmente se le formularon en las audiencias concedidas.
Las fuerzas económicas acudieron al Excmo. Señor Presidente
en un intento de última esperanza, movidos por la intranquilidad creciente de
un ambiente de agitación social que venía a malograr la disciplinada y pujante
eficiencia del esfuerzo productor, y cuya gravedad hallaba origen en el
constante impulso que se le deparaba desde dependencias oficiales. Una larga
serie de medidas, actitudes, resoluciones o discursos han venido convirtiendo a
la agitación social en la cuestión más grave que este gobierno debe afrontar.
Lejos de nuestro ánimo desconocer la existencia del problema social,
inseparable de la naturaleza humana y sus necesidades y, por ende, de carácter
permanente y universal, cuya solución es fruto de una recta colaboración de las
partes, regida por la alta y serena intervención del Estado, sometido como
aquéllas al imperio de la justicia, igual para todos. Nos referimos a la
creación de un clima de recelos, de provocación y de rebeldía, en el que se
estimula el resentimiento y un permanente espíritu de hostilidad y
reivindicación, por efecto del cual se destruye la solidaridad en la justicia,
única fuente de trabajo, de bienestar y de progreso.
Desde que se ha creado la Secretaría de Trabajo y Previsión
–organismo cuya existencia no objetamos–, se mezcla en la solución de los
problemas sociales ese espíritu que denunciamos y cuya unilateralidad quiérese
justificar en la necesidad de combatir y extirpar el comunismo, granjeando al
gobierno los presuntos méritos de una política social muy avanzada. No creemos
feliz ese procedimiento aunque fueran aceptables todas sus soluciones, y mucho
menos cuando no es el fruto de un régimen y sólo depende de una voluntad
personal, transitoria y circunstancial.
Frente al auspicio otorgado por la nombrada Secretaría a un
nuevo proyecto que le fuera elevado por una entidad gremial, tendiente al
otorgamiento de un salario mínimo, de un salario vital móvil, de nuevos
aumentos generales de sueldos y salarios, y de la participación de obreros y
empleados en las ganancias de las empresas, las asociaciones que suscriben
compartieron una justificada alarma porque advertían, en el caso, el mismo
proceso de elaboración que diera al país, por decreto, un sistema general de jubilaciones,
cuya aparición sorprendiera a la opinión en virtud de las razones que hicimos
públicas en un anterior manifiesto.
Expresamos nuestra inquietud al Excmo. señor Presidente y
enviamos a S. E. el Secretario de Trabajo y Previsión una nota en la que
exponíamos concretamente nuestra opinión y pedíamos que la comisión que
estudiara el problema planteado fuera integrada con delegados de la Secretaría
de Industria y Comercio, del Ministerio de Hacienda, del Consejo Nacional de
Postguerra y con una auténtica representación de los organismos patronales.
La opinión formulada es, en síntesis, la siguiente: con
referencia a los salarios, ratificamos nuestra buena disposición y la voluntad,
nunca desmentida, de asegurar al personal un nivel suficiente y digno para
alcanzar el cual entendemos que no es preciso dictar, por la vía de un decreto,
aumentos mecánicos y generales, siendo preferible –a nuestro juicio– crear
comisiones paritarias que, dentro de un régimen nacional, elaboren verdaderos
acuerdos según las circunstancias particulares de cada industria o comercio y
las modalidades de las diferentes regiones del país, sin perjuicio de la
adopción, según las mismas normas, de un salario mínimo vital; en lo que
concierne a la participación en las ganancias, afirmamos que ese punto no puede
plantearse a la consideración del gobierno actual como objeto de una decisión
que imponga legalmente el sistema preconizado, cuyo rechazo expresamos
formalmente porque afecta los principios consagrados en la Constitución sobre
el derecho de propiedad y el normal ejercicio de las facultades de los poderes
públicos, trastorna fundamentalmente la estructura económica y el sistema en
vigor de las remuneraciones al personal, introduce el germen de la
indisciplina, destruye el espíritu de iniciativa y de empresa y subvierte todo
principio de jerarquía.
No hemos recibido hasta hoy respuesta ni satisfacción alguna
a nuestro pedido. Por el contrario: hemos sido aludidos en el discurso
pronunciado el 1º de Mayo por S. E. el señor Secretario de Trabajo y Previsión
cuando afirmara la existencia de intenciones políticas en nuestro movimiento,
detrás del cual acusaba la acción de manos extrañas, revelando al mismo tiempo
el juicio que le merece el comercio del país, descripto como una turba de
traficantes de lo ajeno y prestidigitadores del precio.
Negamos, en absoluto, aquel aserto y rechazamos este juicio
injusto. Este movimiento no ha tenido ni tiene intenciones políticas, aunque
comparte el general anhelo del pronto imperio de la ley; no lo mueve nadie
desde afuera; lo constituyen las organizaciones del comercio y de la industria
del país, encabezadas por las más antiguas y tradicionales, no para asustar al
gobierno con fantasmas, sino en defensa de sus legítimos intereses, de carácter
general y económico, bajo el amparo de las leyes y practicando en sus gestiones
–que no son peregrinaciones ante el gobierno para obtener sus favores sino
ejercicio de un derecho constitucional– el decoro y el respeto que tributan a
las altas autoridades y se deben a sí mismas. El celo de nuestros propios
intereses nos impide arriesgar en ese plano la actividad de las agrupaciones
específicamente gremiales así como reprobamos, por igual, todo intento de
proselitismo político, quienquiera fuera su beneficiario, realizado en el
terreno de los grandes y vitales intereses de la economía nacional. Tampoco
agrupamos traficantes prestidigitadores. El desempeño del comercio es una
actividad noble, lícita y útil como cualquier otro oficio y ocupa en la
sociedad una categoría histórica ineludible, en la que las posibles
desviaciones, en la medida en que puedan existir, son tanto o más naturales que
las ofrecidas en otras profesiones. Cuando el Excmo. señor Vicepresidente
acudiera a la Bolsa de comercio para explicar la política social del gobierno,
no se equivocó en la elección de su tribuna, en la cual, por otra parte, nadie
ha declinado el derecho de juzgar los frutos de aquélla.
Se ha reclamado oficialmente, en esa oportunidad, y con
frecuencia antes y después, la cooperación de las asociaciones patronales. Esa
cooperación se ha ofrecido y se ha dado ampliamente, concurriendo a integrar
todas las comisiones oficiales que profusamente ha creado este gobierno. No se
nos puede reprochar nuestra decepción al comprobar cómo se prescinde de ese
concurso en la elaboración de los asuntos fundamentales que conciernen a
nuestras actividades.
Entretanto, el gobierno prosigue e intensifica una política
económica y comercial cuyas consecuencias peligrosas nos hemos esforzado en
demostrar sin éxito, y cuya manifestación más visible consiste en la arbitraria
fijación de los precios. Determinar el precio de una cosa es la tarea más
difícil y delicada, en la cual entran, no sólo factores de carácter económico
sino normas de justicia, en virtud de las cuales el comercio realiza la
utilidad común y recíproca de las partes mediante una proporcionada
equivalencia de las respectivas prestaciones. En esa equivalencia existe un
mínimum infranqueable dado por el costo de producción, en el cual está incluido
el valor del trabajo y la ganancia lícita, es decir, la subsistencia de quienes
contribuyen a la producción de la cosa. El justo precio no puede apartarse de
estos conceptos elementales y su fijación, realizada sobre dicha idea de
retribución e intercambio, depende de una valuación común, general y
competente, ajena al interés particular o prepotente de algunas de las partes,
tanto como a la intervención extraña y burocrática del Estado. Si, por
desgracia, éste prescinde de tales normas, no sólo suprime la legítima libertad
de comercio, sino que entra por vías disimuladas de confiscación a desarticular
la vida económica, hiriendo el bienestar de todas las clases y cegando las
fuentes que son garantía de los salarios, estímulo de la iniciativa y fundamento
de la prosperidad.
Hace poco se ha dictado el decreto Nº 9.528, en virtud del
cual el Estado toma a su cargo la comercialización de las cosechas de granos,
con grave detrimento de los intereses de la misma masa productora, en momentos
en que las circunstancias internacionales le hacen vislumbrar, después de
largos años de lucha y privación, un horizonte de prosperidad. Ese decreto
viene a modificar sustancialmente la organización jurídica y económica del
tráfico comercial sobre cereales. De acuerdo con las nuevas disposiciones, el
Estado fija el costo medio de producción, determina un nivel rígido de
ganancias, que podrá serlo para unos y no para otros, adquiere sobre esa base
toda la producción, la revende con exclusión de todo otro intermediario y retiene
el excedente que resulta de la operación, excedente sobre el cual dispone el
Estado su destino, cobrándose los gastos de su costosa administración y
disponiendo de la utilidad del agricultor, pues no se la devuelve sino para la
compra de maquinarias o implementos o el pago de sus deudas, y esto sólo cuando
el P. E. lo crea conveniente. No volveremos sobre el análisis detallado de
estas inusitadas medidas, ya verificado públicamente por las asociaciones
competentes, a quienes se les cercenan las más elementales libertades, la de
comerciar y usar de lo suyo, con grave detrimento de la economía y del orden
civil de la Nación. Tal procedimiento importa una expropiación, sin el
cumplimiento de los requisitos legales, y se convierte en una verdadera confiscación.
Una medida de esta trascendencia contradice, además, la
orientación de la economía política de postguerra y, en particular, los
acuerdos de la Conferencia de México suscriptos recientemente por el gobierno
argentino, entre los que se destaca el compromiso de las naciones americanas de
“preservar y robustecer la libertad de acción en el terreno económico”, y cuya
validez contradice el flamante monopolio con que el gobierno sustituye
coercitivamente el libre desenvolvimiento de las actividades privadas.
Un nuevo acto del gobierno acaba de sorprender al comercio y
la industria del país con motivo de los decretos dictados recientemente, dentro
de aquella misma orientación, sobre congelamiento de precios, cuyo nivel en los
numerosos ramos afectados, no podrá exceder los precios vigentes en cada
establecimiento en la primera quincena de diciembre del año pasado.
Comprendemos que en determinadas emergencias se haga
preciso, por vía excepcional y transitoria, fijar los precios máximos de
determinados artículos estrictamente destinados a satisfacer las necesidades
vitales de la población, con el fin de tutelar el bien común, contrarrestar el
proceso inflacionario y combatir los desmanes de la especulación ilícita.
Repudiamos enérgicamente todo intento de lucrar con las necesidades de la
población. Quede, por lo tanto, claramente establecido que no combatimos la
finalidad sino que consideramos equivocado y perjudicial el método elegido. En
primer término, por la denominación genérica de los productos destinados al uso
y consumo de la población, con lo cual viene a involucrarse innecesariamente a
todas las actividades comerciales del país; y en segundo término, porque en vez
de fijar un tope máximo de ascenso de los precios, se los reduce
coercitivamente a una fecha lejana y anterior, reduciéndolos en forma
arbitraria y discrecional, sin tener en cuenta los factores que posteriormente
han influido en la elevación o descenso del costo de producción. Por último,
porque produce penosa impresión que las funciones de contralor, de carácter
técnico y ejecución delicada, sean conferidas a la policía federal, ajena al
conocimiento de estas materias y a la cual se le agregan unas llamadas
“comisiones populares” y salas sumariales en las comisarías, que evocan un
recuerdo histórico deplorable. No puede fundarse tan grave medida en el intento
de evitar maniobras especulativas que perjudiquen a la población, porque ella
no se refiere exclusivamente a dichas maniobras, sino que afecta a todo el
curso de los precios y es evidente que su incremento responde –en general– a
muchas causas naturales y legítimas perfectamente estudiadas por los mismos
organismos oficiales, entre ellos el Banco Central, en su última Memoria. En el
número de esas causas no son las menos importantes las que derivan de una serie
de factores sociales promovidos por la misma política del gobierno –aumentos de
salarios, vacaciones pagadas, jubilaciones, aumentos de fletes, etc.–, cuya
gravitación en el costo es muy importante. Por otra parte, el costo de un artículo
no es la suma de cantidades siempre conocidas, porque en él se calcula también
la previsión del futuro con la que el comerciante repone su mercadería y
afronta las incertidumbres del mañana, las cuales, en gran medida, provienen de
los perniciosos efectos de la discrecionalidad en materia legislativa y
reglamentaria.
El proceso inflatorio no se puede contener a expensas del
patrimonio particular que produce. Los costos y los precios son su
consecuencia. El remedio debe buscarse en la causa, evitando la expansión de
los medios de pago, dentro de un sistema general que abarque toda la economía.
La política financiera del gobierno es el campo primero y primordial en el que
debe afrontarse la contracción, el camino ahora elegido constriñe la economía
privada bajo límites de asfixia; acarreará grandes trastornos, innumerables
empresas no podrán soportarlos, especialmente las más débiles y pequeñas, y
padecerán en definitiva las clases laboriosas a las que se pretende proteger.
La opinión pública no debe ilusionarse sobre las ventajas de
un sistema que al reducir los precios lleva al quebranto las actividades
comerciales e industriales. El precio representa todos los valores que
concurren al costo de un producto; los salarios del personal, el interés del
capital, los gastos de fabricación, la materia prima, las tasas e impuestos, la
ganancia, el cálculo de su reposición, etc., y, por eso mismo, carece, en
general, de la elasticidad supuesta por toda arbitraria valuación. Cualquier
error se paga muy caro, tarde o temprano, porque no se reparan fácilmente las
consecuencias de un desorden económico. Por otra parte, la experiencia de los
países más adelantados demuestra la fragilidad del procedimiento, eficaz en
contadas y transitorias situaciones.
Tanto menos se recomienda el uso de un sistema tan general
cuando se diseña en el mundo una baja de precios contra cuyas consecuencias no
sería difícil que el mismo gobierno se viera en la necesidad de defender a la
economía nacional. Ha vuelto a producirse, en este caso, la indiferencia de las
autoridades hacia el aporte que la colaboración de los organismos privados –tan
frecuentemente invocada y pedida en la palabra oficial– podía proporcionarle; y
se ha prescindido de la Comisión Coordinadora de Industria y Comercio, cuyo asesoramiento
hubiera sido en evidente ventaja para el interés general. Una vez más nos
desalienta la inutilidad de nuestra presencia en los organismos del Estado.
Las declaraciones recientes del Consejo Nacional de
Post-Guerra, no obstante haberse producido sobre hechos consumados, deparan la
posibilidad de instaurar un procedimiento eficaz de colaboración, cuya
necesidad vuelve a afirmarse en autorizados labios. Nos complace expresar que
no la negaremos, siendo indudable que sólo le darán vida hechos concretos y
definitivos. El contenido de este manifiesto, obedece, precisamente, al deseo
de corresponder lealmente a la reiterada invitación con una clara exposición de
nuestras ideas.
Esta publicación satisface también al deber de informar a
todos los afiliados de nuestras organizaciones acerca de la manera como ha sido
ejecutado el mandato de representar sus intereses ante las autoridades de la
Nación y definir la posición asumida por las dichas organizaciones en el
sincero propósito de salvaguardar los intereses vitales de la economía
argentina, y con la seguridad de que los esfuerzos que se intenten sobre la
base de los principios asentados para conseguir la unidad del esfuerzo común,
han de ser rectamente interpretados y solidariamente secundados. En esa posición
se hallan, como surge de las firmas que suscriben, industriales y comerciantes
de todo el país, como así también los grandes y los pequeños, en una actitud de
solidaria defensa, que incluye desde la gran empresa hasta el proletario del
comercio, como fuera llamado oficialmente, con ofertas de amparo, el modesto
minorista, que, a pesar de ello, hoy quiere dejar constancia expresa de su
desengaño, que exterioriza con esta actitud.
Queremos creer que este proceso pueda atribuirse a una falla
recíproca de inteligencia y confiamos, todavía, en que los rumbos de la
política oficial han de recoger las inspiraciones que le llegan de la expresión
unánime de las fuerzas económicas, constituidas, desde hoy, en asamblea
permanente.
Entretanto, invitamos a todas las organizaciones a definir
su posición práctica, a fortalecer la unidad de su pensamiento y de su
conducta, a comunicar a las autoridades de la asamblea sus deliberaciones y sus
votos con el propósito de ofrecer un sistema definitivo de soluciones que aseguren
la tranquilidad y la justicia en el trabajo, la producción y el comercio.
Buenos Aires, Junio 12 de 1945.
Bolsa de Comercio de Buenos Aires - Cámara
Argentina de Comercio - Asociación del Trabajo - Confederación Argentina del
Comercio, de la Industria y de la Producción - Cámara de Comercio, Propiedad e
Industria de la Provincia de Buenos Aires - Cámara de Grandes Tiendas y Anexos
- Bolsa de Comercio de Córdoba - Bolsa de Comercio de Rosario - Bolsa de
Comercio de Mendoza - Centro de Almaceneros - Bolsa de Cereales - Cámara de
Comercio de Buenos Aires - Cámara de Exportadores - Cámara de Industria y
Comercio con sucursales - Cámara de la Industria del Calzado - Unión Mayoristas
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