Manifiesto de las cámaras empresariales contra Perón. 12 de Junio de 1945

Manifiesto de las cámaras de empresarios del comercio y de la industria contra la gestión de Juan Domingo Perón como Secretario de Trabajo y Previsión. 

En Diario La Nación. 12 de Junio de 1945 

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Las asociaciones representativas del comercio y de la industria que suscriben el presente documento, se consideran en el deber de dirigirse, por este medio, a sus afiliados y a la opinión pública del país, con el propósito de puntualizar el estado de las gestiones que vienen realizando en consideración de la política económica y social del gobierno de la nación y reiterar, una vez más, el anhelo de que encuentre un eco favorable la solidaria expresión de sus inquietudes y propósitos. 

Los delegados de estas asociaciones fueron recibidos en dos ocasiones por el Excmo. señor Presidente de la Nación y, respondiendo a su requerimiento, le entregaron un memorándum que contenía, en síntesis, las manifestaciones que verbalmente se le formularon en las audiencias concedidas.

Las fuerzas económicas acudieron al Excmo. Señor Presidente en un intento de última esperanza, movidos por la intranquilidad creciente de un ambiente de agitación social que venía a malograr la disciplinada y pujante eficiencia del esfuerzo productor, y cuya gravedad hallaba origen en el constante impulso que se le deparaba desde dependencias oficiales. Una larga serie de medidas, actitudes, resoluciones o discursos han venido convirtiendo a la agitación social en la cuestión más grave que este gobierno debe afrontar. Lejos de nuestro ánimo desconocer la existencia del problema social, inseparable de la naturaleza humana y sus necesidades y, por ende, de carácter permanente y universal, cuya solución es fruto de una recta colaboración de las partes, regida por la alta y serena intervención del Estado, sometido como aquéllas al imperio de la justicia, igual para todos. Nos referimos a la creación de un clima de recelos, de provocación y de rebeldía, en el que se estimula el resentimiento y un permanente espíritu de hostilidad y reivindicación, por efecto del cual se destruye la solidaridad en la justicia, única fuente de trabajo, de bienestar y de progreso.

Desde que se ha creado la Secretaría de Trabajo y Previsión –organismo cuya existencia no objetamos–, se mezcla en la solución de los problemas sociales ese espíritu que denunciamos y cuya unilateralidad quiérese justificar en la necesidad de combatir y extirpar el comunismo, granjeando al gobierno los presuntos méritos de una política social muy avanzada. No creemos feliz ese procedimiento aunque fueran aceptables todas sus soluciones, y mucho menos cuando no es el fruto de un régimen y sólo depende de una voluntad personal, transitoria y circunstancial.

Frente al auspicio otorgado por la nombrada Secretaría a un nuevo proyecto que le fuera elevado por una entidad gremial, tendiente al otorgamiento de un salario mínimo, de un salario vital móvil, de nuevos aumentos generales de sueldos y salarios, y de la participación de obreros y empleados en las ganancias de las empresas, las asociaciones que suscriben compartieron una justificada alarma porque advertían, en el caso, el mismo proceso de elaboración que diera al país, por decreto, un sistema general de jubilaciones, cuya aparición sorprendiera a la opinión en virtud de las razones que hicimos públicas en un anterior manifiesto.

Expresamos nuestra inquietud al Excmo. señor Presidente y enviamos a S. E. el Secretario de Trabajo y Previsión una nota en la que exponíamos concretamente nuestra opinión y pedíamos que la comisión que estudiara el problema planteado fuera integrada con delegados de la Secretaría de Industria y Comercio, del Ministerio de Hacienda, del Consejo Nacional de Postguerra y con una auténtica representación de los organismos patronales.

La opinión formulada es, en síntesis, la siguiente: con referencia a los salarios, ratificamos nuestra buena disposición y la voluntad, nunca desmentida, de asegurar al personal un nivel suficiente y digno para alcanzar el cual entendemos que no es preciso dictar, por la vía de un decreto, aumentos mecánicos y generales, siendo preferible –a nuestro juicio– crear comisiones paritarias que, dentro de un régimen nacional, elaboren verdaderos acuerdos según las circunstancias particulares de cada industria o comercio y las modalidades de las diferentes regiones del país, sin perjuicio de la adopción, según las mismas normas, de un salario mínimo vital; en lo que concierne a la participación en las ganancias, afirmamos que ese punto no puede plantearse a la consideración del gobierno actual como objeto de una decisión que imponga legalmente el sistema preconizado, cuyo rechazo expresamos formalmente porque afecta los principios consagrados en la Constitución sobre el derecho de propiedad y el normal ejercicio de las facultades de los poderes públicos, trastorna fundamentalmente la estructura económica y el sistema en vigor de las remuneraciones al personal, introduce el germen de la indisciplina, destruye el espíritu de iniciativa y de empresa y subvierte todo principio de jerarquía.

No hemos recibido hasta hoy respuesta ni satisfacción alguna a nuestro pedido. Por el contrario: hemos sido aludidos en el discurso pronunciado el 1º de Mayo por S. E. el señor Secretario de Trabajo y Previsión cuando afirmara la existencia de intenciones políticas en nuestro movimiento, detrás del cual acusaba la acción de manos extrañas, revelando al mismo tiempo el juicio que le merece el comercio del país, descripto como una turba de traficantes de lo ajeno y prestidigitadores del precio.

Negamos, en absoluto, aquel aserto y rechazamos este juicio injusto. Este movimiento no ha tenido ni tiene intenciones políticas, aunque comparte el general anhelo del pronto imperio de la ley; no lo mueve nadie desde afuera; lo constituyen las organizaciones del comercio y de la industria del país, encabezadas por las más antiguas y tradicionales, no para asustar al gobierno con fantasmas, sino en defensa de sus legítimos intereses, de carácter general y económico, bajo el amparo de las leyes y practicando en sus gestiones –que no son peregrinaciones ante el gobierno para obtener sus favores sino ejercicio de un derecho constitucional– el decoro y el respeto que tributan a las altas autoridades y se deben a sí mismas. El celo de nuestros propios intereses nos impide arriesgar en ese plano la actividad de las agrupaciones específicamente gremiales así como reprobamos, por igual, todo intento de proselitismo político, quienquiera fuera su beneficiario, realizado en el terreno de los grandes y vitales intereses de la economía nacional. Tampoco agrupamos traficantes prestidigitadores. El desempeño del comercio es una actividad noble, lícita y útil como cualquier otro oficio y ocupa en la sociedad una categoría histórica ineludible, en la que las posibles desviaciones, en la medida en que puedan existir, son tanto o más naturales que las ofrecidas en otras profesiones. Cuando el Excmo. señor Vicepresidente acudiera a la Bolsa de comercio para explicar la política social del gobierno, no se equivocó en la elección de su tribuna, en la cual, por otra parte, nadie ha declinado el derecho de juzgar los frutos de aquélla.

Se ha reclamado oficialmente, en esa oportunidad, y con frecuencia antes y después, la cooperación de las asociaciones patronales. Esa cooperación se ha ofrecido y se ha dado ampliamente, concurriendo a integrar todas las comisiones oficiales que profusamente ha creado este gobierno. No se nos puede reprochar nuestra decepción al comprobar cómo se prescinde de ese concurso en la elaboración de los asuntos fundamentales que conciernen a nuestras actividades.

Entretanto, el gobierno prosigue e intensifica una política económica y comercial cuyas consecuencias peligrosas nos hemos esforzado en demostrar sin éxito, y cuya manifestación más visible consiste en la arbitraria fijación de los precios. Determinar el precio de una cosa es la tarea más difícil y delicada, en la cual entran, no sólo factores de carácter económico sino normas de justicia, en virtud de las cuales el comercio realiza la utilidad común y recíproca de las partes mediante una proporcionada equivalencia de las respectivas prestaciones. En esa equivalencia existe un mínimum infranqueable dado por el costo de producción, en el cual está incluido el valor del trabajo y la ganancia lícita, es decir, la subsistencia de quienes contribuyen a la producción de la cosa. El justo precio no puede apartarse de estos conceptos elementales y su fijación, realizada sobre dicha idea de retribución e intercambio, depende de una valuación común, general y competente, ajena al interés particular o prepotente de algunas de las partes, tanto como a la intervención extraña y burocrática del Estado. Si, por desgracia, éste prescinde de tales normas, no sólo suprime la legítima libertad de comercio, sino que entra por vías disimuladas de confiscación a desarticular la vida económica, hiriendo el bienestar de todas las clases y cegando las fuentes que son garantía de los salarios, estímulo de la iniciativa y fundamento de la prosperidad.

Hace poco se ha dictado el decreto Nº 9.528, en virtud del cual el Estado toma a su cargo la comercialización de las cosechas de granos, con grave detrimento de los intereses de la misma masa productora, en momentos en que las circunstancias internacionales le hacen vislumbrar, después de largos años de lucha y privación, un horizonte de prosperidad. Ese decreto viene a modificar sustancialmente la organización jurídica y económica del tráfico comercial sobre cereales. De acuerdo con las nuevas disposiciones, el Estado fija el costo medio de producción, determina un nivel rígido de ganancias, que podrá serlo para unos y no para otros, adquiere sobre esa base toda la producción, la revende con exclusión de todo otro intermediario y retiene el excedente que resulta de la operación, excedente sobre el cual dispone el Estado su destino, cobrándose los gastos de su costosa administración y disponiendo de la utilidad del agricultor, pues no se la devuelve sino para la compra de maquinarias o implementos o el pago de sus deudas, y esto sólo cuando el P. E. lo crea conveniente. No volveremos sobre el análisis detallado de estas inusitadas medidas, ya verificado públicamente por las asociaciones competentes, a quienes se les cercenan las más elementales libertades, la de comerciar y usar de lo suyo, con grave detrimento de la economía y del orden civil de la Nación. Tal procedimiento importa una expropiación, sin el cumplimiento de los requisitos legales, y se convierte en una verdadera confiscación.

Una medida de esta trascendencia contradice, además, la orientación de la economía política de postguerra y, en particular, los acuerdos de la Conferencia de México suscriptos recientemente por el gobierno argentino, entre los que se destaca el compromiso de las naciones americanas de “preservar y robustecer la libertad de acción en el terreno económico”, y cuya validez contradice el flamante monopolio con que el gobierno sustituye coercitivamente el libre desenvolvimiento de las actividades privadas.

Un nuevo acto del gobierno acaba de sorprender al comercio y la industria del país con motivo de los decretos dictados recientemente, dentro de aquella misma orientación, sobre congelamiento de precios, cuyo nivel en los numerosos ramos afectados, no podrá exceder los precios vigentes en cada establecimiento en la primera quincena de diciembre del año pasado.

Comprendemos que en determinadas emergencias se haga preciso, por vía excepcional y transitoria, fijar los precios máximos de determinados artículos estrictamente destinados a satisfacer las necesidades vitales de la población, con el fin de tutelar el bien común, contrarrestar el proceso inflacionario y combatir los desmanes de la especulación ilícita. Repudiamos enérgicamente todo intento de lucrar con las necesidades de la población. Quede, por lo tanto, claramente establecido que no combatimos la finalidad sino que consideramos equivocado y perjudicial el método elegido. En primer término, por la denominación genérica de los productos destinados al uso y consumo de la población, con lo cual viene a involucrarse innecesariamente a todas las actividades comerciales del país; y en segundo término, porque en vez de fijar un tope máximo de ascenso de los precios, se los reduce coercitivamente a una fecha lejana y anterior, reduciéndolos en forma arbitraria y discrecional, sin tener en cuenta los factores que posteriormente han influido en la elevación o descenso del costo de producción. Por último, porque produce penosa impresión que las funciones de contralor, de carácter técnico y ejecución delicada, sean conferidas a la policía federal, ajena al conocimiento de estas materias y a la cual se le agregan unas llamadas “comisiones populares” y salas sumariales en las comisarías, que evocan un recuerdo histórico deplorable. No puede fundarse tan grave medida en el intento de evitar maniobras especulativas que perjudiquen a la población, porque ella no se refiere exclusivamente a dichas maniobras, sino que afecta a todo el curso de los precios y es evidente que su incremento responde –en general– a muchas causas naturales y legítimas perfectamente estudiadas por los mismos organismos oficiales, entre ellos el Banco Central, en su última Memoria. En el número de esas causas no son las menos importantes las que derivan de una serie de factores sociales promovidos por la misma política del gobierno –aumentos de salarios, vacaciones pagadas, jubilaciones, aumentos de fletes, etc.–, cuya gravitación en el costo es muy importante. Por otra parte, el costo de un artículo no es la suma de cantidades siempre conocidas, porque en él se calcula también la previsión del futuro con la que el comerciante repone su mercadería y afronta las incertidumbres del mañana, las cuales, en gran medida, provienen de los perniciosos efectos de la discrecionalidad en materia legislativa y reglamentaria.

El proceso inflatorio no se puede contener a expensas del patrimonio particular que produce. Los costos y los precios son su consecuencia. El remedio debe buscarse en la causa, evitando la expansión de los medios de pago, dentro de un sistema general que abarque toda la economía. La política financiera del gobierno es el campo primero y primordial en el que debe afrontarse la contracción, el camino ahora elegido constriñe la economía privada bajo límites de asfixia; acarreará grandes trastornos, innumerables empresas no podrán soportarlos, especialmente las más débiles y pequeñas, y padecerán en definitiva las clases laboriosas a las que se pretende proteger.

La opinión pública no debe ilusionarse sobre las ventajas de un sistema que al reducir los precios lleva al quebranto las actividades comerciales e industriales. El precio representa todos los valores que concurren al costo de un producto; los salarios del personal, el interés del capital, los gastos de fabricación, la materia prima, las tasas e impuestos, la ganancia, el cálculo de su reposición, etc., y, por eso mismo, carece, en general, de la elasticidad supuesta por toda arbitraria valuación. Cualquier error se paga muy caro, tarde o temprano, porque no se reparan fácilmente las consecuencias de un desorden económico. Por otra parte, la experiencia de los países más adelantados demuestra la fragilidad del procedimiento, eficaz en contadas y transitorias situaciones.

Tanto menos se recomienda el uso de un sistema tan general cuando se diseña en el mundo una baja de precios contra cuyas consecuencias no sería difícil que el mismo gobierno se viera en la necesidad de defender a la economía nacional. Ha vuelto a producirse, en este caso, la indiferencia de las autoridades hacia el aporte que la colaboración de los organismos privados –tan frecuentemente invocada y pedida en la palabra oficial– podía proporcionarle; y se ha prescindido de la Comisión Coordinadora de Industria y Comercio, cuyo asesoramiento hubiera sido en evidente ventaja para el interés general. Una vez más nos desalienta la inutilidad de nuestra presencia en los organismos del Estado.

Las declaraciones recientes del Consejo Nacional de Post-Guerra, no obstante haberse producido sobre hechos consumados, deparan la posibilidad de instaurar un procedimiento eficaz de colaboración, cuya necesidad vuelve a afirmarse en autorizados labios. Nos complace expresar que no la negaremos, siendo indudable que sólo le darán vida hechos concretos y definitivos. El contenido de este manifiesto, obedece, precisamente, al deseo de corresponder lealmente a la reiterada invitación con una clara exposición de nuestras ideas.

Esta publicación satisface también al deber de informar a todos los afiliados de nuestras organizaciones acerca de la manera como ha sido ejecutado el mandato de representar sus intereses ante las autoridades de la Nación y definir la posición asumida por las dichas organizaciones en el sincero propósito de salvaguardar los intereses vitales de la economía argentina, y con la seguridad de que los esfuerzos que se intenten sobre la base de los principios asentados para conseguir la unidad del esfuerzo común, han de ser rectamente interpretados y solidariamente secundados. En esa posición se hallan, como surge de las firmas que suscriben, industriales y comerciantes de todo el país, como así también los grandes y los pequeños, en una actitud de solidaria defensa, que incluye desde la gran empresa hasta el proletario del comercio, como fuera llamado oficialmente, con ofertas de amparo, el modesto minorista, que, a pesar de ello, hoy quiere dejar constancia expresa de su desengaño, que exterioriza con esta actitud.

Queremos creer que este proceso pueda atribuirse a una falla recíproca de inteligencia y confiamos, todavía, en que los rumbos de la política oficial han de recoger las inspiraciones que le llegan de la expresión unánime de las fuerzas económicas, constituidas, desde hoy, en asamblea permanente.

Entretanto, invitamos a todas las organizaciones a definir su posición práctica, a fortalecer la unidad de su pensamiento y de su conducta, a comunicar a las autoridades de la asamblea sus deliberaciones y sus votos con el propósito de ofrecer un sistema definitivo de soluciones que aseguren la tranquilidad y la justicia en el trabajo, la producción y el comercio.

Buenos Aires, Junio 12 de 1945.

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